Eduardo Montagut

El 11 de febrero de 1873 se proclamó en las Cortes, Madrid, la Primera República Española. Hace, por lo tanto, ciento cincuenta años. Este régimen político duró escasos once meses pero supuso la primera apuesta plenamente democrática y federal en España, planteando además, la prístina legislación social en plena eclosión de la Primera Internacional y del empuje del incipiente movimiento obrero español. Período histórico, dentro del Sexenio Democrático (1868-1874). 

El 10 de febrero de 1873 abdicó el rey Amadeo I (Amadeo de Saboya) un monarca elegido cuando fue destronada la reina Isabel II en la Revolución de septiembre de 1868. Las Cortes, en sesión conjunta del Congreso y Senado, proclamaron la República por 285 votos contra 32 al día siguiente, pero este hecho no consiguió estabilizar la agitada vida política española, ya que a los problemas heredados –levantamiento carlista y guerra de Cuba-, se añadió en el seno del republicanismo la división entre unitarios y federalistas, que, a su vez, agudizaron las diferencias entre los moderados y los intransigentes a la hora de establecer el federalismo, ya fuera desde arriba, ya desde abajo.

Hay que tener en cuenta la presión social que vinculaba a la República con la necesidad de reformas importantes en favor de las clases populares, como eran la eliminación de los consumos -impuestos indirectos- o el sistema de quintas, sin olvidar las cuestiones salariales y de limitación de la jornada laboral.

Fuera del ámbito republicano y democrático, los sectores contrarios al establecimiento de un sistema político plenamente democrático trabajaban para liquidar la República, ya fuera desde el extremismo carlista, ya desde las posiciones monárquicas borbónicas alfonsinas.

La República tuvo cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi i Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

En el período de Figueras se produjo un pronunciamiento por parte de los radicales, aunque fracasó. Este hecho motivó que Martos y Serrano huyeran a Francia. En mayo se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes en las que triunfaron los republicanos federalistas con una aplastante mayoría de 344 diputados sobre 391. En la primera votación se proclamó la República Democrática Federal.

Pi i Margall accedió a la presidencia de la República el día 11 de junio. El nuevo presidente fracasó a la hora de establecer, desde arriba, una estructura federal de forma ordenada. La insurrección cantonalista se extendió con gran rapidez en gran parte del este y sur peninsulares. Los cantones serían unidades políticas inferiores a partir de las cuales se debería formar la federación española, es decir, era un movimiento que pretendía montar la estructura federal desde la base.

El cantonalismo tuvo un evidente componente social reivindicativo, por lo que debe ser entendido, a su vez, como una reacción ante la posible derechización de la República. Alcoy y Cartagena fueron las principales ciudades que se proclamaron cantones. Fue muy complicado reprimir el cantonalismo, no sólo por su extensión sino también porque coincidió con la presión carlista.

Estos levantamientos provocaron la dimisión de Pi i Margall, a pesar de que intentó frenar el movimiento a través de una avanzada legislación social: regulación del trabajo infantil, abolición de la esclavitud en Cuba y un proyecto de reorganización del ejército.

Pi i Margall presentó a las Cortes un proyecto de Constitución para la República federal, aunque la discusión parlamentaria no comenzó hasta agosto, con Salmerón en el poder, cuando casi todos los cantones habían sido derrotados. Pero los graves problemas del período alargaron mucho el proceso constituyente. El Proyecto constitucional de 1873 recogía una estructura federal del Estado: España se organizaría en municipios, estados regionales y el Estado federal o Nación.

Además, se establecía la soberanía popular con sufragio universal. Por vez primera, se proclamaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta Constitución nunca entró en vigor, pero tiene una gran trascendencia histórica porque diseñaba una democracia y un modelo de organización territorial no centralista.

En las Cortes se plantearon proyectos que, sin abordar una completa reforma agraria, promovieron cambios en la estructura de la propiedad que provocaron la alarma de los grandes propietarios.

Repasemos los proyectos: El 23 de junio se presenta una proposición de reparto de tierras a censo reservativo, solicitando la no inclusión en las leyes de desamortización de los bienes propios de los pueblos. En el mes de julio se planteó un proyecto de ley sobre venta a censo reservativo de los bienes de aprovechamiento común.

A principios de agosto una proposición de ley pedía la devolución a los pueblos de los terrenos de aprovechamiento común. Esta cuestión es importante porque la desamortización de Madoz dejó a los consistorios sin uno de sus pilares económicos y a los vecinos sin un recurso fundamental para vivir.

El 18 de agosto, por su parte, se propuso un proyecto de ley sobre reparto a braceros de terrenos faltos de cultivo. Dos días después se aprobaba la única ley en materia agraria, la redención de foros, posteriormente fue derogada por Serrano en febrero de 1874. Todos estos proyectos iban en la misma línea, a favor de los campesinos y jornaleros, pero, como vemos, o no llegaron a aprobarse, o fueron derogados inmediatamente en la Dictadura posterior.

La reforma agraria siguió siendo una de las grandes asignaturas pendientes, y tuvo que llegar otra República para abordarla, para luego frustrarse con el franquismo. La reforma agraria siempre fue un claro motivo de enfrentamiento porque tocaba una estructura de la propiedad harto injusta, y estaría entre una de las causas del posterior golpe del 18 de julio de 1936, que llevó a España a la Guerra Civil.

Castelar alcanzó la presidencia en septiembre, representando el triunfo de la República conservadora. Aunque fue el presidente que terminó el proyecto constitucional federal, era defensor de una República centralista, por lo que postergó la discusión y aprobación del texto. Movilizó a los reservistas para intentar acabar con las últimas resistencias cantonalistas y las guerras cubana y carlista. Además, firmó las penas de muerte que Salmerón había rechazado, y permitió el regreso al país de los dirigentes de los partidos radical y constitucional, Serrano entre ellos.

El final de la República se precipitó cuando se reanudaron las sesiones de las Cortes el 2 de enero de 1874. Ese día, Castelar debía rendir cuentas de su labor de gobierno desarrollada desde su toma de posesión. El presidente defendió la importancia de separar la Iglesia del Estado pero no aludió a la necesidad de que se aprobase el proyecto constitucional. La cámara negó la confianza a Castelar y, por consiguiente, dimitió.

La posibilidad de que el poder recayese de nuevo sobre los federalistas ofreció un pretexto para el golpe de estado de Pavía, capitán general de Madrid, que en la madrugada del día 3 de enero ocupó el Congreso y disolvió la cámara. De esta manera se puso fin al régimen republicano, aunque oficialmente España siguió siendo una República hasta finales de año.

El general Serrano presidió un nuevo gobierno provisional (dictadura) que tuvo como objetivo restablecer el orden público, controlar a los carlistas y continuar la guerra en Cuba. En diciembre de 1874, el general Martínez Campos se sublevó en Sagunto y proclamó rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II.

Los intereses de la oligarquía española habían triunfado, aunque no a través del método que había diseñado Cánovas del Castillo para que regresara la monarquía a España.