En las intrincadas entrañas de la política española se libra una contienda que trasciende la mera lucha por el dominio político; es una batalla por la memoria histórica y el reconocimiento cabal de las atrocidades perpetradas durante la era franquista.
El reciente incidente en el Parlament balear constituye un espejo doloroso de la persistente reluctancia de ciertos sectores de la sociedad española para confrontar los crímenes de la dictadura franquista. Este rechazo a la memoria se manifiesta con especial vehemencia cuando se intenta silenciar a aquellos que, como yo, buscan justicia y reconocimiento para las víctimas, como es el caso de mi abuelo, desaparecido por su ideología y su activismo en la UGT.
La escena que se desplegó en el Parlament balear es casi de una teatralidad grotesca, pero es profundamente real: Gabriel Le Senne de Vox, en un acto de violencia simbólica, destroza una fotografía de Aurora Picornell, una mujer ejecutada por su lealtad a la República.
Este acto, lejos de ser un mero exabrupto, encapsula una tendencia alarmante en ciertos segmentos de la política española y de otras naciones, que consiste en negar o minimizar las violencias históricas para conformar el presente político según sus conveniencias. No es sólo un acto de violencia contra la memoria; es un claro indicativo de que el pasado sigue siendo un campo de batalla en el presente. No contento con esto, el presidente del gobierno balear expulsó a las diputadas.
El acto perpetrado en Baleares, en el contexto de la propuesta de derogación de la Ley de Memoria Democrática por parte del PP y Vox, no es un incidente aislado sino el síntoma de una patología más profunda: el negacionismo histórico que afecta a otras naciones, como Alemania, donde, pese a un reconocimiento formal y exhaustivo del Holocausto, segmentos significativos de la población aún batallan con la aceptación plena de su pasado nazi.
Este enfrentamiento no es meramente sobre la interpretación de la historia, sino sobre quién tiene la potestad para definir la verdad y la justicia en nuestra sociedad. Al repudiar el acto de memoria, Le Senne y sus aliados no solo deshonran a las víctimas del franquismo, sino que perpetúan un ciclo de olvido y negación que obstaculiza la plena reconciliación de España con su pasado.
La pronta respuesta y la exigencia de dimisión por parte del PSOE y otras voces de la oposición son un recordatorio crucial de que la democracia se debe defender no solo en las urnas, sino en cada acto de rememoración y reconocimiento.
La renuencia a reconocer y asimilar los crímenes del franquismo señala claramente que, sin un compromiso auténtico con la verdad y la justicia, los mismos errores del pasado están condenados a repetirse. Como autora y nieta de una víctima de ese oscuro período, comprendo que la memoria de los desaparecidos, como mi abuelo, no solo merece ser preservada en novelas o relatos, sino ser reconocida oficialmente y abordada con el respeto que toda sociedad justa debe a sus muertos.
La historia no debe utilizarse como un arma para herir o silenciar, sino como un puente hacia la comprensión y la reconciliación. Es imperativo que España, y todos aquellos países que aún luchan con las sombras de su pasado, afronten estos desafíos con la valentía y la honestidad que sus ciudadanos y su legado histórico merecen. La verdadera medida de una democracia no reside solamente en el respeto a las leyes del presente, sino en cómo se honra y se reivindica la verdad del pasado.
Por Rosa Amor del Olmo
20/06/2024
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